miércoles, 22 de marzo de 2017

REFORMAS TRIBUTARIAS


En el año 1897, bajo el gobierno del presidente José Manuel Marroquín, recopila Alfredo Lewin Figueroa en su texto fundamentos de la tributación, como se iniciaba la primera reforma al tributo y se aumentaba el impuesto al tabaco, fosforo y cigarrillos. Pero no se quedaron atrás otros presidentes electos, como Alfonso López Pumarejo que sanciono la ley 78 1935, la ley 19, la ley 45 de 1942 y la ley 35 de 1944, dando paso a la creación del impuesto al exceso de utilidades, al patrimonio, el aumento de las tarifas del 1% al 22%.  Otros presidentes hacían reformas, pero no tan consecutivas como Gustavo Rojas Pinilla en 1956 con el impuesto a la renta consecutiva, como escape a los bajos precios del café. O Alberto Lleras Camargo en 1960, en 1961, en 1966, en 1967, introduciendo renta sobre la propiedad rural, la tasa de retención en la fuente del 10%, el impuesto a la gasolina y al ACPM, o como Álvaro Uribe, más contemporáneo, que por decreto 1838 declaro estado de conmoción interior y creo un impuesto en pro de “preservar la seguridad democrática”, en el año 2002. En el mismo año por ley 788 creo la sobretasa a los contribuyentes, creo tarifas diferenciales del IVA, y en el 2003 por ley 863 creo el impuesto al patrimonio poseído, con otros pormenores y detalles.
Aunque todo no fue negativo, pues la investigación de Lewin, deja ver como Belisario Betancourt en 1985 por ley 55, exonero de la obligación de declarar renta a la mayoría de asalariados y en algunas ocasiones dadas las condiciones del país, el gobierno se vio en la obligación de generar subsidios y excepciones de pago de tributos.
En otras palabras, la producción se ha encontrado con variaciones, unas veces con más tributos, otras veces con menos. Por ejemplo, hoy en día hay 860 empresas en los territorios francos del país, que han hecho inversiones por $39 billones, pero no son estables sus condiciones, dado que la reforma tributaria les aumentara el impuesto de renta, las firmas en estas zonas pagan el 15% de renta y el impuesto pasaría al 22 %, según un artículo del periódico El País.
Por otra parte, estudios económicos realizados por Ultrasefinco y Cienfi, revelan que mantendríamos posiblemente el grado de inversión, con lo que se evitaría un encarecimiento del endeudamiento del país y calmaría los mercados internacionales. Es lo que el gobierno manifiesta a través de sus representantes, donde inciden en aumento de tributos para obtener nuevos recursos y aumentar el presupuesto nacional, dando paso a nuevas obras, nuevos programas y a cubrir déficit de planes o dependencias. Lo que se presume es la mejor opción, pero ¿será apropiado ajustar el tributo para los nuevos planes gubernamentales?, será que el dinero recaudado con los nuevos agravantes llegará al destino propuesto o se quedará en las amplias cuentas de contratistas y corruptos, que aprueban las reformas, que hacen las leyes y que han sido elegidos para representar las necesidades de las comunidades, pero sus acciones solo los lleva a mejorar su calidad individual de vida y la de sus familiares. Las reformas deberían darse en una cuantía mínima o en su menor expresión, pero siempre y cuando el presupuesto nacional no se viera usado para fines desconocidos.

CRISTIAN ANDRES SÁNCHEZ BRAVO

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